09 enero 2005

La Responsabilidad Social de las Empresas, RSE, y el debate público en España

Uno de los fenómenos teóricos más sugerentes de los últimos años es la actualidad extraordinaria que ha adquirido el concepto de RSE como uno de los ejes esenciales de la reflexión normativa sobre el futuro o, si se prefiere, sobre cómo podemos organizar en las sociedades de principios del siglo XXI los modelos productivos y las relaciones entre los ámbitos político, económico y social de forma eficiente, pero también con unas perspectivas innegociables de justicia, igualdad y solidaridad. No conviene olvidar que durante los noventa, en los años de mayor éxito y de expansión de la ideología del globalismo, la autonomía de lo económico llegó a ser aceptada como un hecho natural y que en el lenguaje de la gestión "lo social" era presentado generalmente como un obstáculo que era imprescindible salvar para que las empresas pudieran ser más competitivas y, en definitiva, cumplir su función de creación de riqueza con mayor eficacia.

En el acto de entrega de diplomas a la primera promoción de graduados de la New Academy en junio de 1999, Anita Roddick, presidenta en esos momentos de la singular multinacional británica de productos cosméticos The Body Shop, señalaba que si se abre cualquier libro de dirección de empresas, palabras como liderazgo, crecimiento, beneficios, competitividad o valor para el accionista se repiten constantemente, mientras que es imposible encontrar palabras como justicia, derechos humanos, dignidad o solidaridad. Hoy, cinco años después, las palabras que reclamaba la expresidenta de la compañía británica se han incorporado de manera insólita a los discursos de gestión y son ya un lugar común en la oleada de informes sociales elaborados voluntariamente por las empresas, como se puede comprobar fácilmente con una rápida lectura de los informes que en estas fechas presentan públicamente la mayoría de las grandes empresas de nuestro selectivo Ibex 35. Puede pensarse que esta revalorización del término social en el lenguaje de la gestión empresarial es un dato poco relevante, sin embargo muestra de forma muy significativa cuál es el sentido de los cambios, ya que indica que el muro invisible que se había pretendido levantar entre las dimensiones sociales de la actividad empresarial y los objetivos de competitividad y crecimiento económico se ha desmoronado definitivamente.

Aunque el debate público sobre la RSE se ha producido en España fundamentalmente durante el último año y medio, cuando la RSE ya formaba parte de la Agenda Europea desde los primeros meses de 2000 y la primera conferencia internacional patrocinada por la Comisión Europea tuvo lugar en Bruselas a finales de 2001, lo cierto es que en este último período se han celebrado en nuestro país numerosas jornadas y conferencias convocadas por las más diversas y dispares organizaciones e instituciones, y en los Medios de Comunicación aparecen cada vez con mayor frecuencia artículos y declaraciones sobre las responsabilidades empresariales. Sin embargo, el sentido y orientación del debate español provoca una cierta sensación de perplejidad. Más allá de las obligadas referencias genéricas al Libro Verde de la Comisión Europea de julio de 2001, en la reciente y febril actividad de promoción del concepto de RSE en nuestro país sorprende, sobre todo, el llamativo silencio de muchos de los intervinientes en estos actos sobre los sucesivos acuerdos de los Consejos Europeos o sobre los documentos publicados por la Comisión, incluida la Comunicación de julio de 2002 en la que se extraen las primeras conclusiones del debate europeo, así como sobre las resoluciones del Parlamento Europeo y sobre los trabajos del Foro Multilateral Europeo creado en octubre de 2002 bajo los auspicios de la Comisión y que precisamente en el mes de junio de 2004 presenta su informe de conclusiones.

Parece necesario, por tanto, recordar en primer lugar un hecho que tiene una especial relevancia para el debate, como es que la nueva atención teórica al concepto de responsabilidad y el renovado interés por la función social de los negocios no hubiera sido posible sin la iniciativa de los poderes públicos europeos. Una iniciativa probablemente incómoda intelectualmente para quiénes habían proclamado el declive y definitivo desprestigio de lo público, pero que tiene la categoría de las evidencias difíciles de ocultar.

En efecto, la primera apelación "al sentido de la responsabilidad social de las empresas" la realiza el Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, en el que se pide al sector privado de la economía una contribución más activa al esfuerzo de crecimiento y de progreso social. En los meses siguientes, la RSE se incorpora a la agenda europea como una de las principales referencias normativas en la reflexión sobre el futuro, como ya habíamos adelantado. Una reflexión que en el proceso de Lisboa tiene, en nuestra opinión, dos rasgos fundamentales: el primero es la necesidad de corrección de los efectos sociales más negativos del modelo dominante de crecimiento de los años noventa, como lo demuestra el avance de los fenómenos de exclusión en el mismo corazón de la Europa más desarrollada durante este período, y, en segundo lugar, la necesidad de un modelo de competitividad europeo capaz de hacer frente a los nuevos retos de la competencia en un mundo más globalizado, pero con líneas fuertes de congruencia -responsabilidad- con las ambiciones de calidad y progreso del modelo social europeo. En Lisboa se reconoce de forma tácita que una estrategia de competitividad europea exitosa sólo será posible creando más empleo y realizando más esfuerzos en la creación de un clima de mayor confianza y cooperación entre las empresas y los trabajadores. Se trata, por tanto, de fomentar una visión responsable de la gestión empresarial, más favorable a la creación de empleo y a la calidad del trabajo frente a la estrategia estadounidense de empleo de bajo coste y con una protección social reducida.

En julio de 2001 la Comisión propone un debate abierto sobre el papel y las responsabilidades de las empresas en la Europa de hoy -Libro Verde: fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas-. Es decir, la primera iniciativa de la Comisión es impulsar una reflexión plural y pública sobre el modelo social europeo y los desafíos de crecimiento, competitividad y desarrollo social a los que nos enfrentamos los ciudadanos europeos en un mundo con crecientes interdependencias en todos los ámbitos. La Comisión señala en el Libro Verde que, con independencia del más amplio reconocimiento de las distintas dimensiones de la RSE, como las responsabilidades ambientales, la responsabilidad sobre la calidad y seguridad de los productos y servicios y las consideraciones éticas y sociales que deben inspirar las políticas de inversiones empresariales, así como las prácticas de gobierno de las empresas, el núcleo fuerte de las responsabilidades empresariales en la Europa del comienzo del siglo XXI tiene una incuestionable relación con el déficit europeo de empleo, los problemas asociados a la disminución de la calidad del trabajo y el avance de los fenómenos de exclusión. Estamos, por tanto, ante un debate cuyo objetivo más importante es determinar cómo podemos mejorar la contribución de las empresas al fortalecimiento del modelo social europeo y a la solución de los principales problemas y desafíos sociales a los que se enfrentan los 25 países miembros de la Unión Europea. Un planteamiento poco discutible, cuando en un país como España, por ejemplo, el 90 por ciento del Producto Interior Bruto lo genera el sector privado de la economía, por lo que sin un compromiso de las empresas con las políticas de cohesión y progreso social el debate sobre la RSE se situaría en el vacío.

Sin embargo, los principales ejes de la discusión pública que se ha desarrollado en España hasta estos momentos están muy alejados de estos presupuestos.

La denominada Acción Social de la Empresa, por ejemplo, ha sido uno de los centros que mayor preocupación y espacio ha ocupado en el debate español sobre la RSE, lo que no deja de ser una simple reedición de la vieja discusión sobre la filantropía empresarial, aunque ahora se ha elegido un lenguaje en apariencia más actual. Aunque es indudable que el apoyo económico de las empresas a proyectos a favor de la inclusión social o incluso al deporte, el arte o la cultura debe ser calificado como positiva, lo que resulta mucho menos admisible es la pretensión de identificar estas acciones sociales con el actual debate europeo sobre la RSE y las exigencias de responsabilidad que las sociedades democráticas de principios del siglo XXI dirigen a las empresas. Sin embargo, en las memorias o informes sociales elaborados en España por las grandes empresas la acción social aparece como una de las actividades centrales y la primera y más importante justificación de sus responsabilidades sociales.

La ironía es que esta visión de la RSE tiene mucha mayor relación con la propuesta de la actual administración republicana estadounidense de una "empresa compasiva" y sensible ante las penalidades de los más débiles, como explicó George W. Bush en el acto de su proclamación como presidente de EE.UU, que con la cultura de la responsabilidad y el concepto de empresa socialmente responsable que es la opción elegida por Europa. Debemos añadir que este llamamiento de la actual administración republicana al espíritu compasivo de las empresas, iglesias y ongs con los más pobres y excluidos, tampoco tiene una excesiva relación con las tradiciones académicas, políticas y sociales estadounidenses en materia de responsabilidades de las empresas, ya que la administración Clinton, por ejemplo, en palabras del influyente Secretario de Trabajo, en los momentos de máximo crecimiento y esplendor de la economía norteamericana consideraba que era imprescindible afrontar "un debate serio sobre el papel social que corresponde a las empresas en la nueva economía de la información y el conocimiento, a no ser, señalaba Robert B. Reich, que aceptemos que debe ser simplemente guiarse por la ley del máximo beneficio a corto plazo".

Aunque en nuestro país la acción social se ha convertido en la principal referencia del debate sobre la RSE, es significativo que en el saber universitario y académico se rechacen de forma rotunda estas pretendidas relaciones entre la idea de acción social o filantropía empresarial -charity, diríamos en la terminología anglosajona- con el concepto de responsabilidad. El resultado de esta confusión tiene que ser paradójico forzosamente, como lo demuestra la sorprendente compatibilidad de las declaraciones del presidente de una de nuestras más importantes y prestigiosas entidades financieras, en las que proclama su decidida voluntad de liderar el movimiento de la RSE -debe leerse como liderar las aportaciones económicas a proyectos sociales-, al mismo tiempo que otro de los máximos ejecutivos de la entidad proclama unos años después y con la misma firmeza que no es posible el crecimiento económico en Europa sin desmontar el Estado de bienestar.

Otro de los ejes más importantes del debate español sobre la RSE es la iniciativa Global Compact propuesta por Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, en enero de 1999 en la cumbre de Davos, con el objetivo de favorecer el desarrollo de mejores prácticas de las grandes empresas y corporaciones privadas en los países menos desarrollados. Sin embargo, este tipo de iniciativas, al igual que la mucho más completa norma social del independiente Council on Economic Priorities, SA.8000, tienen un alcance estrictamente limitado a los países con legislaciones laxas en materia de derechos y afecta sólo de forma accesoria al debate europeo sobre la RSE, ya que en los países desarrollados las leyes y regulaciones sobre derechos son muy superiores a los mínimos recogidos en la propuesta de Annan. Sin embargo, el pacto mundial se ha convertido en otra de las grandes enseñas del debate español sobre la RSE llegando a liderar las empresas españolas en el ámbito mundial en diciembre de 2002 el número de firmantes del pacto con 117, frente a las 16 empresas que se habían adherido en Francia o las 40 en Estados Unidos. Como sucede con la acción social, el respeto a las declaraciones de derechos humanos, las declaraciones de aceptación de los convenios internacionales de la OIT sobre los derechos laborales o la aceptación de los aun más ambiguos principios internacionales de respeto al medio ambiente, tal como son recogidos en la Global Compact, debe valorarse también de manera positiva, así como el liderazgo alcanzado en este ámbito por las empresas españolas. Pero no debe olvidarse que España tiene también otros tipos de liderazgo mucho más paradójicos, como los que nos sitúan, por ejemplo, en el furgón de cola de la competitividad europea, en uno de los últimos lugares en desarrollo tecnológico o como uno de los países de la Unión Europea con mayor precariedad laboral, al mismo tiempo que somos también líderes en el incumplimiento de los protocolos de Kioto en materia de reducción de las emisiones contaminantes. Un paquete de problemas a los que apenas se ha dedicado espacio en el debate español sobre la RSE, aunque es poco discutible que constituyan el verdadero eje del debate propuesto por la Unión Europea.

También se ha otorgado una excesiva importancia en el debate español a las iniciativas y propuestas orientadas a la certificación de la RSE mediante procesos similares a los actuales modelos de calidad. Una pretensión que ha sido rotundamente rechazada por los sindicatos europeos, al considerar que el debate sobre la RSE no puede reducirse a un problema de certificaciones. Es decir, a procesos que se sitúan al margen del diálogo y la negociación empresas-sindicatos y de los procesos democráticos de adopción de decisiones políticas sobre el tipo de enfoques y modelos de gestión empresarial más convenientes para hacer frente a los desafíos europeos de crecimiento y de progreso social.

No es difícil concluir que el debate español sobre la RSE es más una discusión sobre lo accesorio y la expresión de las buenas intenciones de muchos de los participantes en el debate que un verdadero ejercicio de análisis de los necesarios cambios que deberán promoverse en los modelos de gestión de les empresas europeas, para adaptarlos a los objetivos de creación de empleo y de fortalecimiento del modelo social europeo. Es evidente también que el anterior gobierno ha contribuido con su silencio a la dispersión del debate español sobre la RSE. Mientras que las presidencias belga, danesa, griega e italiana de la Unión organizaron conferencias internacionales sobre la RSE para orientar el debate, tanto en el nivel europeo como en sus respectivos países, en España la única iniciativa institucional promovida por el gobierno ha sido la creación en el Ministerio de Trabajo de una Comisión de Expertos que se reunió por primera vez en julio de 2003. Es decir, casi tres años y medio después de iniciado el proceso de Lisboa. El gobierno no hizo pública la composición de esta Comisión, aunque por los nombres que después han podido conocerse de forma oficiosa sabemos que junto a los representantes de los diversos departamentos gubernamentales, la mayoría de los expertos que han participado en los debates de la Comisión son directivos de un selecto número de grandes empresas, invitados a título individual, y un numeroso grupo de altos directivos de las firmas de consultoría que generalmente trabajan para las empresas. En cualquier caso, después de las elecciones generales del mes de marzo los trabajos y documentos elaborados por esta Comisión ya no parecen interesar a nadie y, probablemente, su destino natural sea engrosar los archivos ministeriales de materiales inútiles.

Las primeras declaraciones del nuevo gobierno son mucho más esperanzadoras para el futuro del debate sobre la RSE en nuestro país, al situar la cultura de la temporalidad y la baja calidad del empleo como uno de los problemas axiales de nuestra competitividad. De la misma forma, todo parece indicar que la estrambótica comisión de expertos creada por el anterior gobierno será sustituida por un grupo de trabajo en el que estarían representados los poderes públicos, los sindicatos y las organizaciones empresariales; un modelo, sin duda, mucho más congruente con los formatos adoptados por la Comisión y que han sido ‘utiles para orientar la discusión europea sobre la RSE. Sólo cabe esperar que esta vez el gobierno de nuestro país acierte y sea capaz de promover un debate, abierto y plural, y con una agenda que contenga los verdaderos problemas que afectan a nuestro desarrollo económico, social y ambiental a corto y medio plazo.

Tomás G. Perdiguero,

Prof. Dr. de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

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