Conspiraciones Tóxicas

Mientras las instituciones comunitarias ultiman la primera regulación sobre la influencia de los grupos de presión o lobbies en la política europea,los autores del libro Conspiraciones Tóxicas (los periodistas Rafael Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal) ofrecerán, junto al activista de Greenpeace, Carlos Bravo, y al eurodiputado de Iniciativa per Catalunya/Verds, Raúl Romeva, participarán hoy sábado a las 12 horas en una mesa redonda en la feria Biocultura de Madrid que lleva por título Lobbies industriales.
Conspiraciones Tóxicas (MR Ediciones) es la primera investigación en España que ha profundizado en esas conexiones de las políticas que afectan al medio ambiente y la presión que ejercen los sectores menos amigos del medio ambiente, como el nuclear, el químico, los transgénicos o las constructoras.
Según estimaciones oficiosas comúnmente aceptadas, sólo en Bruselas, la capital de la Unión Europea, operan unos 2.000 lobbies que dan empleo a 15.000 personas, repartidas por los departamentos de «asuntos regulatorios» de las empresas multinacionales, las asociaciones empresariales, ONG,agencias de relaciones públicas, consultoras de «asuntos públicos», bufetes legales e institutos de ideas o «think tanks».
Según el Observatorio de la Europa de las Corporaciones (CEO), una fundación anti-lobbies con sede en Amsterdam (Holanda), unas 200 multinacionales han abierto oficina en las cercanías de la Comisión Europea o de la Eurocámara para tratar con ellas asuntos de su incumbencia. Ninguna gran empresa europea, norteamericana o
japonesa que se precie de poner sus productos en los mercados internacionales carece hoy de representación en Bruselas. Esta misma asociación estima que el gasto del lobbismo empresarial en la capital belga excede los 1.000 millones de euros al año, una cifra realmente mareante pero que no ha de extrañar demasiado si tenemos en cuenta que para la petrolera BP o la tabaquera Philip Morris, el alquiler de sus oficinas en la Plaza de Schuman (la misma plaza donde se ubica la Comisión Europea) les cuesta cada año la módica cifra de 300 euros por metro cuadrado.

El Parlamento Europeo a finales de los años 90, un registro de lobbistas acreditados ante el Parlamento mediante una tarjeta de acceso total, incluidos plenos y comisiones, a sus dependencias. Según filtraciones periodísticas, actualmente, son 4.435 los lobbistas oficialmente registrados en la Eurocámara, lo que, con un aforo de 732 escaños, da una proporción de ¡seis lobbistas por diputado!
Por este motivo, la Comisión Europea ha lanzado una propuesta, denominada Iniciativa por la Transparencia Europea, que, entre otras medidas, propone limitar las actividades de estos profesionales ante las instituciones
políticas, un registro voluntario de lobbies y lobbistas e incentivos para hacer públicas sus actividades, naturaleza y financiación. La propuesta, elaborada por el comisario europeo para Asuntos Administrativos, Siim Kallas, ha sido rechazada tajantemente por las tres asociaciones de lobbistas (la de los profesionales en general, la de los «cabilderos» del Parlamento Europeo y la de las empresas consultoras) pero, aún así, está prevista su aprobación esta próxima primavera.
En España, se desconoce prácticamente todo sobre la influencia de los grupos de presión en las políticas de las administraciones públicas, pese a lo cual, el lobbismo es una actividad en auge que ejercen cientos de multinacionales, asociaciones empresariales o las pujantes consultoras de «asuntos regulatorios». La «mano» de estos grupos ha marcado iniciativas como el Plan Hidrológico Nacional, el apoyo público a la energía nuclear o
la fiebre de las urbanizaciones con campo de golf en todo el Levante y Andalucía.