10 enero 2011

Mudos y ciegos en el debate sobre la Ley Sinde

Sorprende que los internautas que ponen el grito en el cielo
ante la polémica Ley Sinde por la
supuesta violación de derechos fundamentales como la libertad de expresión permanezcan mudos y ciegos ante la laxa interpretación que hace la mayoría de las
empresas que operan en Internet con derechos tan importantes como la privacidad,
el honor y la intimidad de los usuarios, entre otras muchas responsabilidades
sociales que son ignoradas en sus plataformas.

Como autor que defiende un acceso más libre a la cultura (publico
por este motivo todos mis contenidos –libros, infografías, artículos, estudios, etc.- bajo
licencias Creative Commons) creo que la Ley Sinde debe mejorarse en varios
aspectos y que la Ley de Propiedad Intelectual debe actualizarse para afrontar
los retos digitales del siglo XXI, pero estas deficiencias no significan que
debamos aceptar un doble lenguaje moral a la hora de establecer argumentos en
contra de las mismas.

Si vamos a ser tan exigentes estableciendo límites legales a
las empresas culturales a la hora de defender sus productos en la Red, seamos
igual de estrictos con la operativa y los modelos de negocio de los buscadores,
las redes sociales, los servicios de geoposicionamiento o las plataformas de
comercio electrónico, entre otros. 

Creo que es muy importante garantizar los derechos de los
usuarios de Interne
t, aunque sea un aspecto del debate sobre la Ley Sinde
intencionadamente ignorado por las partes afectadas,  puesto que el problema de la piratería será
solucionado a medio plazo no por la eficacia de leyes tipo Hadopi o Sinde sino
por los nuevos modelos de negocio que irrumpirán próximamente en el sector
cultural (acceso a contenidos a través de streamming, libros en la nube,
modelos freemiun, etc.).

La mayoría de las empresas que operan en Internet (buscadores,
redes sociales y plataformas de comercialización de contenidos digitales) tiene
un denominador común: agregan cantidades inmensas de datos personales de sus
usuarios para revenderlos a terceras empresas con fines comerciales.  

Bajo el reclamo de la gratuidad, acceso ilimitado a
productos y servicios o la posibilidad de almacenar y compartir todo tipo de
contenidos digitales (música, fotos, vídeos, etc.), los usuarios ceden a estas
empresas cantidades ingentes de datos personales que en el mundo analógico
probablemente nunca facilitarían ni a su librero de toda la vida. 

Ninguna de estas empresas comete hoy en día ilegalidad
alguna, pero las actuales lagunas jurídicas sobre la publicidad compartamental
y las laxas interpretaciones de las leyes vigentes a la hora de operar en la
Red benefician más a las empresas tecnológicas que a los intereses de los propios
usuarios de Internet.

No nos engañemos: las personas y empresas que critican la Ley Sinde no piensan en invertir en la creación de un potente
sector cultural digital
, ni son buenas gentes altruistas abogando por la ampliación de los
derechos de los ciudadanos para acceder a todo tipo de contenidos culturales en
la Red; simplemente defienden sus futuros intereses económicos en la Web. Saben
perfectamente que cualquier regulación relacionada con Internet tiene un
impacto directo en sus modelos de negocio.

Aunque los mencionados modelos de negocio basados en la
agregación y comercialización de datos personales sean absolutamente legítimos,
probablemente no sean los más idóneos para la construcción de una sociedad
digital que defienda con plenas garantías los derechos de los usuarios de
Internet.  

Como ciudadanos y usuarios de Internet nos corresponde exigir
a los legisladores que los intereses culturales y públicos de la futura
sociedad digital estén por encima de los intereses comerciales y privados de
las empresas que operan en la Red, por muy legítimos que sean.

(Imagen publicada bajo licencia Copyleft por cortesía de Thomas Bower)

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